lunes, 5 de agosto de 2013

Ley Anti-Lavado contribuirá al desarrollo de una economía sana, transparente y atractiva para la inversión

  • La entrada en vigor de la Ley Anti-Lavado impulsará el tema de procuración, seguridad y justicia, al establecer lineamientos que permitirán cerrar el paso al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo
  • El desconocimiento sobre los alcances de la Ley Anti-Lavado, el primer gran reto a superar
México, D.F.; 31 de julio, 2013.- La entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como "Ley Anti-Lavado de Dinero" el pasado 17 de julio, contribuirá al desarrollo de una economía sana, transparente y atractiva para la inversión, debido a que brinda certidumbre a los interesados en hacer negocios en el país y ubica a México como actor clave en la puesta en marcha de mejores prácticas en el combate al lavado de dinero y la evasión fiscal.
La ley, que tiene como objeto proteger el sistema financiero y la economía nacional, al establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, "es una ley benéfica; no atenta contra las empresas ni los empresarios, tampoco contra las operaciones comerciales; por el contrario, contribuye a transparentar el flujo de efectivo de la economía nacional", señaló Jorge García Villalobos, Socio de Investigaciones Forenses de Deloitte México.
En este sentido, si bien la ley establece que la comercialización de productos y la prestación de servicios que lleven a cabo empresas de algunos sectores serán consideradas como vulnerables, es importante contemplar que tanto las organizaciones como los usuarios, van a poder realizar transacciones y compras en efectivo hasta un cierto monto, siempre y cuando se apeguen a los lineamientos establecidos por la ley.
"El primer gran reto a superar es el entendimiento de los alcances de la ley; ésta no prohíbe ninguna actividad comercial, simplemente establece mecanismos para hacer uso de dinero en efectivo, de ahí que la expedición del reglamento será fundamental".
"También es una realidad que en este momento habrá que esperar a que el Poder Legislativo emita un reglamento de fácil entendimiento, que aclare todas las dudas respecto a la ley y contribuya a que la sociedad pueda cumplir a cabalidad sus obligaciones", añadió el experto de Deloitte.
No se debe perder de vista que el lavado de dinero representa, en la actualidad, uno de los grandes retos que enfrentan los gobiernos a nivel global, tan sólo en el 2009, el crimen organizado pudo haber lavado aproximadamente USD $2.1 trillones, lo que equivale al 3.6% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. De igual forma, se estima que el narcotráfico pudo haber lavado aproximadamente USD $1.3 trillones lo que corresponde al 2.7% del PIB mundial; esto significa que el narcotráfico lava el 61% del monto total lavado en el mundo, mientras que las otras actividades ilícitas representan el 38%.
Para el caso de México, entre el 2007 y 2012, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), acreditó el ingreso de más de MXN $780 mil millones de pesos de origen ilícito al sistema financiero mexicano. En este sentido, sólo se presentaron 232 denuncias ante la PGR por la probable comisión del Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
"Por lo anterior, resulta positivo que las autoridades mexicanas pongan en práctica el compromiso adoptado como miembro del Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI, por sus siglas en francés). De esta manera, México se ubica en una posición destacada en lo que respecta a estándares aplicables para la prevención y combate al lavado de dinero", concluyó Jorge García Villalobos de Deloitte México.
En los próximos meses, será importante tomar como referencia las experiencias relacionadas con la regulación al sistema financiero y bancario, a fin de tener claridad, tanto gobierno, ciudadanos y empresas, sobre los cambios que vienen alineados a la Ley Anti-Lavado y así evitar una sobrecarga de trabajo para las autoridades.

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